Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el regidor Diego Carrera hizo un enérgico llamado al Ayuntamiento de Mérida para que la nueva respuesta que emitirá por orden judicial respecto a la remoción del monumento a Los Montejo sea clara, contundente y con perspectiva de derechos humanos. El edil afirmó que mantener la escultura en el espacio público constituye una apología al racismo y una validación de la violencia histórica ejercida contra el pueblo maya.
El edil recordó que recientemente un juzgado federal, ratificado por un Tribunal Colegiado, sentenció que el Ayuntamiento violó los derechos de personas mayas al argumentar inicialmente, sin sustento jurídico, que el retiro de la obra “no era económicamente viable”. Ahora, la autoridad municipal está obligada por ley a emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada.
El concejal enfatizó que la exigencia de retirar el monumento no responde a protestas espontáneas, sino al trabajo de agrupaciones civiles, colectivos de derechos humanos y comunidades mayas que llevan años presentando argumentos jurídicos formales.
“Son organizaciones con nombre, con argumentos jurídicos y con una solicitud concreta dirigida a la institución. Su postura es clara: la permanencia del monumento en el espacio público constituye una apología al racismo y a la violencia histórica ejercida contra el pueblo maya”, expresó Carrera.
Ante esto, propuso realizar una consulta formal a las comunidades indígenas con participación ciudadana e institucional, abordando el tema no como un trámite interno, sino como un debate de fondo sobre qué figuras y valores decide exaltar la ciudad de Mérida.
Para el regidor, el municipio no puede deslindarse del conflicto argumentando ser un simple observador, porque el monumento fue financiado con recursos públicos. Detalló que en marzo de 2010, el Ayuntamiento donó $650,000 del erario al Patronato Pro Historia Peninsular para la construcción de la escultura, además, de costear el pedestal, la iluminación y la placa informativa con dinero de los meridanos.
“El Ayuntamiento no recibió el monumento: lo encargó, lo pagó y lo instaló. Si lo creó, tiene la obligación institucional de atender el debate que generó”, sentenció.
Asimismo, calificó como una grave contradicción histórica que la asociación receptora de los fondos tuviera como objeto social la protección de las comunidades indígenas: “El municipio entregó recursos públicos a una agrupación que decía proteger al pueblo maya, para erigirle un monumento a sus conquistadores”.
Durante su intervención, Diego Carrera expuso datos históricos documentados sobre las figuras inmortalizadas en bronce en el Paseo de Montejo. Señaló que Francisco de Montejo “El Mozo” fue documentado vendiendo a prisioneros mayas como esclavos en Campeche, una práctica tan cruel que la Real Audiencia de México tuvo que prohibirla de inmediato.
Añadió que la propia Corona española destituyó a Francisco de Montejo como gobernador en 1549 debido a sus abusos contra la población nativa, siendo hallado culpable y despojado de sus privilegios en 1550.
“Si hasta la institución que los mandó los cuestionó, habría que preguntarse qué postura ideológica o política llevó al Ayuntamiento en 2010 a exaltarlos con dinero público. La misma pregunta aplica hoy: ¿hay en este Ayuntamiento alguna postura que obligue a mantener el monumento enaltecido en la ciudad?”, cuestionó.
