Hay nombres que reaparecen cada vez que cambia el escenario político y hay estructuras que, pese a los discursos de renovación, parecen tener una sorprendente capacidad para permanecer. En el caso del Carnaval de Mérida, uno de esos nombres es el de Lourdes Gabriela Chan Pérez, actual jefa de Adquisiciones y Contratos del Comité.
Desde 2008 ha conocido distintas posiciones dentro de la organización de eventos, desde coordinadora de comparsas y de eventos hasta jefa administrativa y de contratos. En 2022 fue encargada del Despacho del Instituto Promotor de Ferias, en una etapa que el propio señalamiento político ubica dentro de la llamada Mafia del Poder.
Ahora, con el Carnaval terminado, toca revisar quién contrató, quién tramitó y quién autorizó los recursos utilizados para la fiesta. Y vaya que hay números para revisar.
El Cabildo autorizó 51 millones de pesos, pero posteriormente el Ayuntamiento erogó alrededor de 25 millones adicionales por medio de la Dirección de Identidad y Cultura para contratar cinco espectáculos musicales. Adrián Gorocica Rojas, regidor de Morena, expuso públicamente que fueron contrataciones mediante adjudicación directa para María León y Yahir, Yuri, Piso 21, Grupo Cañaveral y Calibre 50.
Los contratos difundidos alcanzaron 4 millones 299 mil pesos, 2 millones 744 mil, 6 millones 739 mil 600, 6 millones 313 mil y 4 millones 303 mil pesos, respectivamente. En otras palabras, el Carnaval terminó colocando cerca de 76 millones de pesos en la mesa.
Y cuando hay una mesa con 76 millones encima, lo mínimo que puede pedirse es que alguien explique cómo se sirvió el banquete.
En los pasillos políticos circula además la versión de que Chan Pérez respondería políticamente a Valery Amador, exjefa de despacho de Renán Barrera Concha, y que ambas habrían heredado esta estructura de Abril Ferreyro. También circulan versiones sobre gastos en restaurantes de España y Miami y excursiones de pesca en Alaska.
Todo ello requiere pruebas antes de convertirse en una acusación. Pero precisamente por eso la respuesta debería ser sencilla para cualquiera que no tenga nada que ocultar, que se revisen los documentos y se despejen las dudas.
Porque si la llamada Mafia del Poder es solamente una etiqueta política, los papeles deberían dejarlo claro. Y si alguien pretende demostrar que hubo algo más, entonces tendrá que hacerlo con evidencia.
Mientras tanto, los escenarios ya se desmontaron, los artistas ya se fueron y la otra fiesta continúa. Esa en la que los contratos no llevan lentejuelas, pero sí millones.
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